El jueves 9 de enero, un tribunal decidió
enviar a la Corte Suprema de Justicia la denuncia presentada contra el Alcalde
Municipal por imponer trabajos forzados a cinco comunidades mayas.
El miércoles 8 de enero, lideres mayas de las
comunidades adyacentes a la mina de oro más grande del país, la Mina Marlin,
denunciaron en el tribunal comunitario de San Miguel al Alcalde Municipal, Ovidio
Joel Domingo Bámaca, por obligar a trabajos forzosos a las comunidades. “Nunca
hubiera creído que en pleno año 2014, un gobierno municipal obligara a
comunidades mayas hacer trabajos forzosos,” declaró uno de los denunciantes
Francisco Bámaca, agricultor de 53 años de edad.
El 20 de mayo de 2010, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos –CIDH-, decretó que la mina, operada por la transnacional
canadiense Goldcorp, es un grave riesgo para el suministro de agua y ordenó al
gobierno de Guatemala asegure el suministro de agua potable, uso doméstico y
segura para el riego de cultivos, especialmente no contaminada por las
operaciones mineras. No obstante, el Alcalde forzó a los vecinos a proveer mano
de obra gratuita, materiales de construcción de sus recursos comunales, y pagar
a los propietarios donde se construirá la infraestructura para suministrar el
agua.
Carlos Loarca, asesor legal de las comunidades
afectadas, declaró que, “Históricamente, las élites y los gobiernos han
argumentado que el desarrollo para las comunidades mayas depende del aporte de
la mano de obra gratuita para proyectos sociales. Las comunidades mayas trabajan
obligatoriamente sin salario porque es una forma de recibir algún beneficio del
gobierno, pero las comunidades que no son mayas no trabajan gratuitamente, siendo
un trato discriminatorio.”
Resolución judicial: http://issuu.com/plurijur/docs/resolucion_pp_04-2013_9_enero_2013
Denuncia: http://issuu.com/plurijur/docs/denuncia_san_miguel_08_01_2014
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