Corrupción entre el Gobierno de Guatemala y Montana Exploradora de la mina Marlin

En la mira de los diputados de Encuentro por Guatemala (EG), encabezados por Nineth Montenegro, se encuentran exfuncionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) del gobierno transitorio de el exministro Gálvez, pues según los legisladores, el MEM avaló la extracción de minerales en un kilómetro cuadrado, sin estudios técnicos, en las instalaciones de la Mina Marlin, en Sipacapa, San Marcos.


Los diputados explicaron que el área concedida a Mina Marlin, que opera desde hace 15 años en Guatemala, es de 20 km cuadrados, pero de estos, hubo un kilómetro que ya no van a utilizar y pidieron que se les quitara, pero al mismo tiempo, solicitaron que se les ampliara otro km cuadrado, en otra área.

Entonces, cuando se hizo el dictamen técnico, el MEM se equivocó y reportó 19 km cuadrados, pero debió hacerlo solo sobre uno. Enviaron el documento a la Procuraduría General de la Nación (PGN)  y esta dio visto bueno sobre 19 kilómetros; luego el MEM rectificó, pero ya no envió el dato a la PGN.

Por lo tanto, los diputados indicaron que se deben suspender las operaciones de inmediato, hasta que esto se determine. Además, aseguraron que harán las denuncias de ley.

Por otro lado, también habrían autorizado reducir el canon de superficie (impuesto que deben pagar al Estado las mineras), lo cual significa que de Q10 millones 500 mil que se recibían cada año, en 2016 solo obtendrán Q3 millones 500 mil.

“Es decir Q7 millones menos que desfinanciaron al ministerio, especialmente a la Dirección de Minería, que es la encargada de fiscalizar a estas empresas para que cumplan con lo establecido en la ley”, mencionó el congresista Erick Lainfiesta, quien añadió que en reuniones con autoridades de esa cartera, se percató de dos inconsistencias: lo primero es que le habían concedido un kilómetro más para explotación y extracción de minerales a Mina Marlin en el período en el que entró a la cartera el exviceministro Alfredo Gálvez Sinibaldi, “pues llegó en junio de 2015, presionó a todo su equipo y lo despidió. En diciembre, prepararon todo para bajar el valor del canon, y eso también llama la atención, pues se tenía proyectado recibir cerca de Q12 millones y ahora solo se van a percibir Q3 millones 500 mil. Mientras,  necesitamos ir a fiscalizar y auditar cuánto mineral precioso se extrae de Guatemala; en este caso, oro y plata”.

El diputado agregó que investigando más a fondo, se dio cuenta de que Gálvez “preparó la cama” para que ese canon pasara “de lo más suave” y lo firmaron personas que no lo tenían que firmar, porque era una decisión del entonces ministro Juan Pablo Ligorría. “Prácticamente, se lo pasan someramente para que él lo firme y baja el canon; el MEM se queda sin dinero para poder hacer las fiscalizaciones e irónicamente, esto pasa en enero, período en el que se cobra el canon de superficie por unidad y Gálvez luego se va a trabajar a Montana Exploradora Gold”, explicó.

Los diputados aseguraron que Mina Marlin se adueñó del MEM:  “Es urgente hacerle cambios a la ley de Minería, se pierde todo el mineral precioso, se recibe solo el 1% y encima, no se puede fiscalizar. ¿Y por qué no se puede fiscalizar? porque no hay plata para eso”, expuso Lainfiesta.

Habla Gálvez 
El exviceministro Alfredo Gálvez, quien hasta ayer fungió como Director Ejecutivo de la Gremial de Industrias Extractivas, dijo que prefería hablar por los señalamientos contra él y no como representante de las industrias:
“Cuando fui viceministro se corroboró que en el caso de la solicitud de ampliación del kilómetro cuadrado a Montana Exploradora, se tuvieran los estudios necesarios para autorizarlo y luego se envió el expediente a la PGN para que diera el visto bueno; estos procesos van acompañados de un dictamen legal. Yo tengo la resolución de la aprobación y de la licencia ambiental” dijo, al preguntársele sobre qué opinaba sobre que será denunciado junto al exministro Ligorría.

“Y sobre el otro tema, el objeto de ajustar el valor de la unidad con las que se cobran los cánones que manda la Ley de Minería fue para hacerlo de una manera justa: El 90 por ciento de los que se dedican a la extracción son pequeños mineros, las grandes empresas son 5, no hay más. Entonces, lo que se hizo fue ayudar a los pequeños, que de pagar Q1,000 por unidad ahora pagarán Q100”, dijo.

Ligorría, quien también fue citado por los diputados, dijo que siembre actuó de buena voluntad y que en ningún momento buscó favorecer a nadie, por ello consideró que es conveniente que se investigue sobre lo actuado, cuando él dirigió la cartera.

Pagan solo el 1%
Regalías

En Guatemala existen 85 licencias de exploración y explotación; las industrias que se dedican a esto pagan el 1% sobre la extracción del mineral, oro y plata, y el canon superficial que pagan todas, como los agregados para metales, no metales, es por unidad medida por kilómetro.  En el caso de Montana Exploradora, ya le quedan pocas reservas y está por cerrar operaciones, pero los expertos recomiendan que debe ser un cierre técnico, pues no pueden dejar esa montaña toda agujereada.

Fuente de conflictos
Industria extractiva

La concentración de licencias de proyectos mineros en ciertas regiones de Guatemala podría explicar los altos niveles de conflictividad en esas áreas.
Desde 2005, representantes de más de 50 mil habitantes de comunidades Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, donde está la Mina Marlin, denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se violaron sus derechos al no contar con sus opiniones sobre la extracción de minerales.

En 2010, habitantes de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, protestaron por la implantación del proyecto minero El Escobal, lo que generó enfrentamientos y hasta un estado de Sitio temporal.

En 2014, pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, se enfrentaron contra fuerzas policíacas al oponerse al proyecto minero Progreso VII Derivada (La Puya) cuya licencia de explotación quedó cancelada de manera definitiva esta semana.

Y finalmente, otro de los proyectos con problemas es la mina Fenix, que se dedica a la extracción de níquel en El Estor, Izabal, donde los pobladores han protestado por la falta del empleo prometido.

En síntesis, hasta 2010, de los 230 municipios que no tenían ningún tipo de licencia, el 90% no reportaba conflictos, mientras que de los 101 municipios con licencias, 78% reportaba algún problema social; es decir, en ocho de cada diez municipios con licencias mineras, se presenta conflictividad.

Fuente: Siglo xxi.