Las explosiones con dinamita en los túneles que pasan por debajo de las comunidades comienzan más o menos a las 5 de la mañana, a medio día y al final de la tarde.
Niños y niñas despiertan gritando que hay terremoto y salen corriendo de sus casas, cuando se percatan por medio de sus padres que son las explosiones de la mina Marlin, viven con mucho miedo por las explosiones pero también porque muchas de sus casas están rajadas en techos, paredes y pisos teniendo el temor permanente de que su casa les va caer encima.
Además, los pozos comunitarios continúan secándose debido a que la mina subterránea Marlin destruye las venas de agua que circulaban naturalmente entre la estructura hidrogeológica que durante millones de años se formó. La contaminación de los metales pesados migra en diferentes direcciones a través de las rutas subterráneas que alimentan los pozos y ríos del lugar afectando directamente a las comunidades, especialmente a la niñez.
Al realizar las perforaciones a través de las explosiones el agua cae por gravedad dentro del túnel minero interrumpiendo la explotación, procediendo a bombear el agua hacia la superficie, agua que antes alimentaba los pozos comunitarios y los ríos que también contribuían con dichos pozos.
El miércoles 24 de esta semana, se llevaron a cabo dos audiencias en el Ministerio Público de San Marcos, donde fueron denunciados miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE- por excluir sobre todo a mujeres del derecho humano al agua según las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en mayo de 2010, las cuales continúan en la impunidad.
El mismo día, una audiencia contra el sindicado Christian Roldan Gerente General de la mina Marlin, por el delito de daños a cientos de casas rajadas por las explosiones subterráneas, trabajando por el derecho humano a una vivienda digna, y por contaminación industrial de las fuentes de agua comunitarias particularmente por arsénico. El Gerente no se hizo presente siendo representado por su Abogado.
Estas denuncias comunitarias asesoradas por el equipo legal de Plurijur, se suman al Caso ante la CIDH contra el Estado de Guatemala, la denuncia contra los gerentes de la empresa minera Montana propietaria de la mina Marlin en la Fiscalía de delitos contra el ambiente, y la denuncia contra el Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán por el delito de sometimiento a servidumbre contra los miembros de 5 comunidades mayas beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
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