Gobierno de Guatemala respondera a la CIDH por las denuncias contra la mina Marlin propiedad de Goldcorp

29/05/14 - 19:05 POLÍTICA

Gobierno responderá a la CIDH 

sobre denuncias de vecinos de mina

El Gobierno anunció que responderá a los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga por las supuestas violaciones a derechos de comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, por la instalación de una empresa minera.

Informe de Admisibilidad de la CIDH del Caso contra el Estado de Guatemala por la explotación de la mina Marlin propiedad de la Goldcorp

Hoy 21 de mayo de 2014 se cumplen cuatro años que la CIDH nos notificó del otorgamiento de las Medidas Cautelares contra el Estado de Guatemala por la explotación de la mina Marlin.  Y es hoy, siete años después de presentada la petición o denuncia, cuando recibimos la notificación de la CIDH sobre el Informe de Admisibilidad No. 20/14 de fecha 3 de abril de 2014 “Comunidades del Pueblo Maya (Sipakapense y Mam) de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán en el Departamento de San Marcos”, registrado con el número de Caso 12.943, fijándonos un plazo de cuatro meses para presentar nuestras observaciones adicionales sobre el fondo.  Ha sido un camino muuuuuuuuuuuuuuuuy  largo.

Conferencia de prensa a 4 años de las Medidas Cautelares contra la mina Marlin

Declaración judicial del Alcalde antejuiciado por incumplir las Medidas Cautelares contra la mina Marlin

CIDH aprobó Informe de Admisibilidad del Caso contra la mina Marlin

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- celebró su 150 período ordinario de sesiones del 20 de marzo al 4 de abril de este año, estudiando numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones a los derechos humanos, aprobando la Petición 1566-07 Comunidades del Pueblo Maya Sipakapense y Mam de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, Guatemala.

Plurijur, aún no ha sido notificada del Informe el cual estaremos dando a conocer, además, estará en la página web de la CIDH de conocimiento público.

Extractivismo ¿Desarrollo o servidumbre?

El miércoles 14 de mayo en el programa de radio Del Reves al Derecho estaremos conversando sobre el proceso de antejuicio contra el alcalde municipal de San Miguel Ixtahuacán en el caso Mina Marlin propiedad de la transnacional canadiense Goldcorp.

Les esperamos a las 7:30 am por FM Radio Universidad 92.1 Mhz o http://radiou.usac.edu.gt/

Alcalde antejuiciado por favorecer a la mina Marlin

GUATEMALA: EL MANANTIAL DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Gobierno de Guatemala pide de nuevo a la CIDH levantar las medidas cautelares sobre la mina Marlin

El viernes 28 de este mes, la CIDH comunicó a Plurijur que dentro de 30 días informemos sobre el riesgo de las comunidades beneficiarias sobre la contaminacion de las operaciones de la mina Marlin, "a fin de que la CIDH pueda examinar la pertinencia de mantener la vigencia de las presentes medidas cautelares", debido a que el Gobierno argumenta que las medidas cautelares han sido cumplidas.

El equipo legal de Plurijur estará realizando el análisis pertinente para responder a la CIDH en consulta y cooperación con nuestras representadas y representados en San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, estaremos informando al respecto.

Visita del equipo legal de Plurijur a San Miguel Ixtahuacan donde opera la mina Marlin

 El equipo legal de Plurijur visitó las comunidades de San Miguel Ixtahuacán reuniéndose con sus representados y representadas en el Caso ante la CIDH contra el Estado de Guatemala por la explotación de lamina Marlin.

Visitamos la Comunidad Ixcail, informando y entregando copias de los documentos sobre la solicitud que hizo la CIDH al Gobierno de Guatemala para solventar la ayuda de la Comunidad por el deslave ocurrido el año pasado, donde perdieron casas, siembras y tierra, según la CONRED hay una grieta de 500 metros de profundidad en el territorio comunitario.  Producto de dicha intervención el Alcalde Municipal se vio obligado a visitar la Comunidad y ofrecer algún apoyo que como siempre se condiciona a la imposición de los trabajos forzados y financiamiento por parte de la Comunidad.