La empresa minera interpuso la denuncia penal contra el movimiento de resistencia expresando que no está dispuesta a dialogar, mientras el gobierno no da muestras a las comunidades de monitorear el cierre y menos velar por la reparación de los daños.
No parece haber más alternativa que llevar el Caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado de Guatemala sea condenado y deba asumir las reparaciones que el gobierno no quiere exigir a la empresa minera.
Nos solidarizamos con los demás movimientos de resistencia contra las industrias extractivas de todo tipo, particularmente contra la minería que se llevan a cabo en las comunidades del departamento de Guatemala en La Puya; Izabal; Jalapa y Santa Rosa!!!
La lucha es una!!!
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