El miércoles 5 de abril de este año, iniciamos una mesa de diálogo entre las comunidades afectadas por la mina Marlin y el Gobierno de Guatemala.
Por una parte, el Frente de Defensa Miguelense -Fredemi- quien representa a las comunidades del municipio de San Miguel Ixtahuacán, el Consejo Maya Sipakapense en representación de las comunidades del municipio de Sipacapa, y Plurijur como asesora legal del Fredemi, Consejo Maya Sipakapense y comunidades.
Por la otra parte, el Gobierno de Guatemala representado por el señor Osbin René Morales Flores Gobernador departamental de San Marcos, y representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -Copredeh- de la Ciudad capital.
Representantes de las comunidades entregaron al Gobernador expedientes con documentos y fotografías de casas y terrenos agrietados, fotos de nacimientos de agua secos, siembras y frutales contaminados.
Plurijur, presentó un análisis sobre los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Ministerio de Ambiente y Energía y Minas, donde se demostró a través de planos de la empresa Montana Exploradora de Guatemala, que los túneles de las minas subterráneas tienen una longitud de kilómetros y profundidades de hasta 500 metros, los cuales se construyeron a base de explosiones con dinamita por debajo de las comunidades, causa principal por la que las casas y la tierra están agrietadas, y los manantiales comunitarios secos. También se demostró que las licencias mineras otorgadas a Montana Exploradora de Guatemala para la mina Marlin por parte del Ministerio de Energía y Minas son ilegales. Se explicó que el Estado de Guatemala a través de graves prácticas de corrupción fue cooptado por la empresa minera que logró hasta el día hoy neutralizar cualquier reclamo y demanda administrativa y judicial en su contra.
Las comunidades exigieron que la mina suspenda inmediatamente operaciones de forma definitiva y para siempre. Que se reparen todos los daños. Y que se cumplan las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 20 de mayo de 2010.
Se acordó que una comisión del gobierno de Guatemala hará una inspección de campo en las comunidades para verificar los daños. Gobernación estudiará los expedientes para dar una respuesta a las comunidades en la próxima reunión. Gobernación solicitará información sobre las operaciones mineras.
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