Junto con la petición o denuncia
presentada a la CIDH en diciembre de 2007, se solicitó la adopción de medidas
cautelares alegando que la explotación de la mina marlin estaba generando
graves consecuencias para la vida, integridad personal, medio ambiente y los
bienes de las comunidades en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa
de San Marcos, especialmente por haber afectado las únicas fuentes de agua para
su consumo y actividades de subsistencia.
