La semana pasada visitamos San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa en San Marcos, para informar a los representantes de las comunidades sobre el avance y problemas en el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- a favor de 18 de sus comunidad para tener acceso al agua potable para consumo humano, para uso doméstico, y segura para el riego, y especialmente que sus fuentes de agua comunitarias no estén contaminadas por las operaciones de la mina Marlin.
Las medidas cautelares están en plena implementación luego de años que el Estado de Guatemala y la empresa minera no pudieron impedir que se mantengan vigentes. No les quedó de otra que comenzar a cumplirlas, aunque a través de coacciones, amenazas, chantajes, usurpación de aguas y tierras, entre otras situaciones propias del racismo, de la lucha de clases sociales, y el patriarcado generando jerarquías que impiden la reconstrucción del tejido social de forma equitativa, sin embargo, la lucha entras las y los comunitarios continúa, unos a favor de la mina y otras personas en contra, es una grave conflictividad de grandes costos sociales.
Desde octubre del año 2005 la corrupta empresa transnacional canadiense Goldcorp a través de su subsidiaria igual de corrupta Montana Exploradora de Guatemala, explotan oro, plata y mercurio, entre otros, en la mina Marlin cuyos territorios mayas usurpan en sus aguas y tierras, criminalizando a hombres y mujeres, enfermando a la niñez con la enfermedad ambiental Arsenicismo según las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud- OMS- e instituciones científicas de otros países.
Pero nada de eso importa, ni el gobierno de Álvaro Colóm de la UNE, ni el gobierno de Pérez Molina del Partido Patriota, y ahora tampoco con el gobierno de Jimmy Morales del FCN.
Eso ha significado que el Caso esté en la etapa de fondo, previo a ser presentado en la Corte Interamericana. Nuestra principal tesis en autoría es que el Estado de Guatemala en complicidad con la empresa Goldcorp están violando los derechos humanos de los pueblos mayas en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. El Caso internacional en la CIDH, lo reforzamos con casos nacionales en los tribunales y ministerio público para demostrar que solo una sentencia de la Corte Interamericana puede promover algún tipo de solución a este grave conflicto, y abrir brecha para otros casos del país y la región americana.
Esperamos hallarnos en la Corte Interamericana en un año aproximadamente.
El equipo de Plurijur.-
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