Falso acuerdo de solución amistosa en el Caso de la mina Marlin propiedad de Goldcorp

Hoy se publicó un anuncio en el Diario Siglo 21 donde se informa que el Estado de Guatemala suscribió un "acuerdo de principio de solución amistosa" entre el Gobierno de Guatemala, los Alcaldes Municipales de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, y la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala S.A.



Publicitan que dicho acuerdo se llevó a cabo en la "mesa de diálogo" el 7 de octubre de 2015 "para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Guatemala, alcanzando un histórico acuerdo tripartito de Principio de Solución Amistosa."

El anunció puede verse en el siguiente enlace: Suscriben histórico acuerdo de principio de solución amistosa.

¿Quién creen que pagó el anuncio?  ¿Por qué no fue una conferencia de prensa del Gobierno de Guatemala o un comunicado oficial?

Como lo informamos en este blog hace unas semanas el 27 de octubre, autoridades comunitarias han denunciado al Abogado Antonio Arenales Forno Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos -Copredeh- quien comparece en representación del Gobierno de Guatemala en la "mesa de diálogo", y al Director Ejecutivo de Goldcorp Mario Marroquín por falsificar firmas de las autoridades comunales en dicha "mesa de diálogo".

Las denuncias en su contra están en trámite. Además, no todos los peticionarios formamos parte de la "mesa de diálogo" porque sabemos que es una farsa a la que no nos prestaremos. Con el cambio de gobierno vendrán nuevos funcionarios públicos. El Estado está pasando por una grave crisis política y financiera que no garantiza a las comunidades una solución amistosa conforme a sus propios interees, excepto para los funcionarios racistas y corruptos, así como a la empresa que continúa con sus millonarias ganancias lucrando con el sudor y la sangre del pueblo guatemalteco.

También hay que aclarar que no es un Acuerdo de Solución aprobado por la CIDH el cual debe cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo cual está lejos de ocurrir. Mientras la CIDH no de su visto bueno no surte sus efectos continuando el camino hacia la Corte Interamericana.

Plurijur, continuará velando porque los legítimos intereses de las comunidades se vean representadas en cualquier tipo de procedimiento ante el Estado de Guatemala y la CIDH, siempre que sea en el marco de la ley.