En la sede del juzgado de paz
comunitario del municipio de San Miguel Ixtahuacán del departamento de San
Marcos, el viernes 16 de octubre de este año, fue interpuesta una DENUNCIAPENAL por el Presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- de la Comunidad Agel
del municipio de San Miguel Ixtahuacán beneficiaria de las medidas cautelares
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- el 20 de
mayo de 2010.
La autoridad comunitaria en representación de su Comunidad, denunció al abogado Antonio Fernando Arenales Forno como Presidente de la
Comisión Presidencial de Derechos Humanos –Copredeh-, a Mario Rodolfo Marroquín
Rivera en calidad de Director Ejecutivo de Goldcorp Guatemala, y al señor José
Ceferino Mejía actual Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán. Arenales Forno fue nombrado por el ahora
presidiario Otto Pérez Molina ex presidente de Guatemala. Mario Marroquín
trabajó en el Banco Mundial, representante del empresariado guatemalteco.
La denuncia es por falsificación
de firma y sello de la autoridad comunitaria en el ACTA de la sesión del 16 dejunio de este año en la “MESA DE DIALOGO” que llevan a cabo el gobierno de
Guatemala y la empresa canadiense Goldcorp Guatemala para falsificar un ACUERDO
DE SOLUCION AMISTOSA que les permita exigir a la CIDH el archivo del Caso
contra el Estado de Guatemala por la explotación inconsulta y contaminante de
la mina Marlin, que ya cuenta con INFORME DE ADMISIBILIDAD, encontrándose en la
ETAPA DE FONDO en la CIDH en dirección a la Corte Interamericana donde el
Estado será condenado.
Con esta denuncia autoridades
comunales demuestran que la “mesa de diálogo” es una farsa entre la empresa
canadiense Goldcorp Guatemala y el Gobierno de Guatemala.
Otra situación de gravedad es
que el Procurador de los Derechos Humanos se ha prestado a legitimar esta farsa
de “MESA DE DIALOGO”. Según el Acta en
referencia del 16 de junio, consta en el punto “NOVENO: OBSERVADOR, VEEDOR DEL
PROCESO DE INFORMACION, DIALOGO Y CONSULTA CON LAS COMUNIDADES”, la participación
de la señora Nancy Evanury Galindo Gramajo como Auxiliar Departamental del
Procurador de los Derechos Humanos –PDH- del Departamento de San Marcos,
asegurando que es una observadora imparcial y técnica “del proceso de
información, diálogo y consulta con las comunidades”.
Todos estos hechos serán informados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, demostrando que no existen condiciones para un procedimiento de solución amistosa, y que lo único que podría resolver el grave conflicto es una sentencia de la Corte Interamericana.
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