Las y los jueces convocados nos reunimos en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos, Guatemala, en los días 14 y 15 de julio del año 2012, dando inicio a las 9:30 de la mañana el día 14, finalizando a las 13:00 horas el día 15.
Las y los jueces reunidos provienen de distintos países y son
especialistas en las áreas de salud, medio ambiente y derechos humanos. El propósito
del tribunal era escuchar las demandas y testimonios de las poblaciones
afectadas por las operaciones mineras de la compañía Goldcorp en Carrizalillo,
Guerrero, México; Valle de Siria, Francisco Morazán, Honduras, y San Miguel
Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, Guatemala.
CONTEXTUALIZACIÓN:
Goldcorp es una empresa minera basada en Vancouver, Canadá y registrado
como compañía pública en la bolsa de valores de Toronto. Canadá es el centro de
operaciones para las corporaciones mineras internacionales debido a la
regulación laxa que goza la industria extractiva en ese país con respecto a los
derechos humanos, salud pública, protección ambiental, y derechos laborales en
sus actividades en el resto del mundo. Además, el gobierno canadiense, a través
de su departamento de asuntos exteriores y de comercio internacional, mediante
la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) y otros mecanismos,
interviene directamente en los asuntos de otros gobiernos para lograr un marco
legal y contexto político favorable para la operación de las compañías mineras
canadienses.
Desde hace 15 años Goldcorp se ha dedicado a la explotación minera en
diferentes países de Latinoamérica y Centroamérica, que se caracteriza por
extraer oro, utilizando mecanismos no legítimos y peligrosos que violentan los
derechos humanos, promueve proyectos de desarrollo falsos a través de la
manipulación a las poblaciones con el fin explotar la riqueza de los elementos
naturales dejando como consecuencias daños a la salud integral y al medio
ambiente de las comunidades afectadas.
En el marco de las políticas actuales para promover el crecimiento
económico, la minería extractivista ha encontrado “puerta abierta” en los
diferentes países de Latinoamérica y sus gobiernos que facilitan y permiten el
desarrollo de procesos mineros abiertamente agresivos y lesivos para las
poblaciones afectadas. Actualmente este modelo extractivo minero según el
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 165
conflictos en América Latina, 35 en el área Mesoamericana.
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS:
Todos los casos presentados tienen en común elementos de: (a)
Contaminación y pérdida irreversible de fuentes de agua, (b) Devastación
ambiental irreversible: desaparición de montañas, ecosistemas y alteración del
ciclo hidrológico, (c) Polvo que se respira constantemente que contiene metales
pesados y sustancias tóxicas que suelen contener elementos cancerígenos y se
acumulan en los organismos, (d) Afectación de la cadena de vida: destrucción de
cultivos y suelos, enfermedad y muerte de animales silvestres y domésticos.
En los testimonios se denunciaron enfermedades de la piel, de los ojos,
caída de pelo, picazón en el cuerpo, abortos, infertilidad, partos prematuros,
defectos congénitos y muerte de recién nacidos, daños auditivos, problemas
gastro-intestinales, dolores de articulaciones, problemas nerviosos, y casos de
intoxicación que han llevado a la muerte. CITA: “Lo que más me mortifica son
los niños que siempre andan enfermos.”
Escuchamos de parte de ex trabajadores de Goldcorp que están afectados
de salud, porque sufrieron frecuentemente de intoxicación, desvanecimientos,
exposición a químicos tóxicos, y accidentes laborales por falta de equipo y
medidas de seguridad. Estos accidentes incluso han llevado a la muerte. Uno de
las señales más notorias del deterioro de las comunidades es la aparición
desmedida de cantinas, un aumento alarmante de alcoholismo, drogadicción y
violencia, aparición de prostitución y enfermedades venéreas y del VIH/SIDA.
Además de los problemas de salud física, hay testimonios muy fuertes que
demuestran que la gente ha sido profundamente afectada en su salud emocional y
espiritual. Sufren de tristeza y pérdida ante el clima de miedo, impotencia e
inseguridad que se ha generado. CITA: “Es una vida triste la que estoy
viviendo”; “andan matando a la vida”. Es claro que este cambio ha traumatizado
a las personas y las comunidades.
La mina se impuso sin consulta previa a las comunidades en todos los
casos. CITA: “cuando llegaron abrieron el camino sin pedir permiso alguno”. Los
testimonios ilustraron como a raíz de la entrada de la mina, se han creado
divisiones y conflictos en las relaciones al interior de las comunidades e
incluso de las familias. En todos los casos se ha creado un fuerte aumento de
tensión, desconfianza, y violencia a nivel comunitario. Hay una polarización y
fragmentación de la vida comunitaria, poniendo vecino contra vecino. Además hay
una pérdida de confianza en las autoridades locales y una sensación de traición
de las autoridades que defienden a los intereses de la empresa por encima de
los derechos humanos y derechos colectivos de las comunidades.
En repetidos
testimonios se expresó la manera en que las personas son estigmatizadas,
descalificadas y criminalizadas por el simple hecho de no estar de acuerdo con
la instalación de una operación minera en su territorio. Los funcionarios de la
mina les han faltado el respeto. CITA: “Soy una gente despreciada sólo porque
defendemos la vida que todos merecemos”. Además, existen muchas amenazas. CITA:
“Nos da mucho miedo porque no sabemos cuándo puedan cumplir con sus amenazas de
muerte”.
Finalmente, se constató
que aún después del cierre de las operaciones mineras la población sigue
sufriendo los efectos devastadores de la contaminación y destrucción ambiental.
JUICIO:
En las experiencias presentadas a nuestra consideración sobre las
actuaciones de la empresa GoldCorp en Guatemala, Honduras y México el día de
ayer:
Vemos la alta coincidencia entre las diferentes denuncias sobre el
comportamiento de la empresa GoldCorp que indican su estrategia sistemática en
los diferentes casos expuestos así como una ausencia deliberada de voluntad
para garantizar los derechos de los pobladores.
Observamos que los hechos indican que la empresa no muestra interés en
la calidad de vida de la población afectada y que las afecciones a la salud
forman uno de los efectos sociales más visibles de esa falta de interés.
Constatamos que la imagen pública de Goldcorp de ser “una empresa
socialmente responsable” no corresponde a los hechos presentados ante este
tribunal.
Consideramos que todos los hechos expuestos por los y las denunciantes
de las comunidades afectadas en sus testimonios son las evidencias más
contundentes y tienen sustento suficiente para considerarse fidedignos y
ajustados a la realidad.
Rechazamos enérgicamente la brecha entre las normas y su aplicación a la
minería en Canadá, por una parte, y por otro en Mesoamérica.
Por tanto atendiendo a los principios considerados más arriba,
condenamos las actuaciones de la empresa GoldCorp en sus proyectos ubicados en
Honduras, Guatemala y México por ser consideradas altamente dañinas para la
salud y la calidad de vida, la calidad ambiental, y el derecho a la libre
determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.
Condenamos al mismo tiempo la actitud cómplice e irresponsable de los
Estados de los países de donde provienen las denuncias por no asegurar el
ejercicio de derechos a las y los afectados por la empresa denunciada.
Condenamos de igual manera la complicidad del Estado canadiense por
apoyar y promover en diversas formas las irresponsables inversiones mineras en
Mesoamérica.
RECOMENDACIONES Y EXIGENCIAS:
A los pueblos recomendamos:
Impedir, mediante todos los medios pacíficos que tengan a su alcance,
las operaciones de la empresa Goldcorp en sus territorios. Esto mediante
alianzas multi-sectoriales e inter-disciplinarias, y presiones sobre los
organismos competentes.
Se recomienda a las comunidades y organizaciones que han llegado hasta
este tribunal se mantengan organizadas y articuladas con el fin de visibilizar
los efectos de las operaciones de la empresa Goldcorp, sus consecuencias y
riesgos futuros.
Buscar por todos los medios pacíficos el ejercicio de los derechos
colectivos establecidos en las leyes nacionales y/o los convenios
internacionales para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas
y comunidades campesinas.
A los Estados (gobiernos nacionales, departamentales y estatales, y municipales)
exigimos:
Cumplir y hacer cumplir las legislaciones nacionales vigentes así como
los convenios internacionales, en particular garantizado las normas respecto al
consentimiento previo, libre e informado.
Dictar nuevas normas para proteger y garantizar los derechos de las
comunidades frente a la minería y a toda actividad que amenace su bienestar.
Velar con énfasis por el respeto y ejercicio de los derechos de los
pueblos indígenas reconociendo sus propias tradiciones, cultura y toma de
decisiones.
Adoptar medidas similares a las restricciones a la minería metálica a
cielo abierto decretado por las autoridades de otros países.
A Goldcorp exigimos:
Reparar todos los daños a la salud de la población, los daños al medio
ambiente y en general a las comunidades indígenas y campesinas afectadas.
Compensar los daños pasados, presentes y futuros causados a las personas
y las comunidades considerando que la contaminación es persistente y puede
durar aun cientos de años.
Suspender toda operación
minera en Mesoamérica y garantizar la no repetición de los hechos aquí
denunciados.
Dado en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, el día 15 de julio de
2012
Firmamos:
Abel Barrera,
Director de Tlachinollan, Centro de derechos Humanos de la Montaña, México
Dra. Adela Chicas,
Consejo Superior de Salud Pública / Instituto Latinoamericana de
Medicina social (ILAMES), El Salvador
Dr. Alex Tobar
Instituto Latinoamericana de Medicina social (ILAMES), El Salvador
César Padilla
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Chile
Claudia Campero
Organizadora para Latinoamérica del Proyecto de Planeta Azul del Council
of Canadians, México
Dr. David Heap
Universidad de Western Ontario y Latin American Canadian Solidarity
Association (LACASA-London), Canadá
Judith Deutsch
Instituto Psicoanalítico de Toronto, Trabajadora social, Presidenta de
Ciencia por la Paz, 2008-2012. Canadá.
Magalí Rey Rosa
Periodista y fundadora de Madre selva, Directora de la Escuela de
Pensamiento Ecologista (SAVIA), Guatemala.
Dra. Morna MacLeod
Centro de Investigaciones en Estudios Superiores de Antropología Social
(CIESAS), México.
Dra. Rachel Sieder
Centro de Investigaciones en Estudios Superiores de Antropología Social
(CIESAS), México.
Dr. Robert Goodland
Presidente Internacional de la Asociación de Evaluación de Impactos.
Estados Unidos.
Yolanda Chalí
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), Guatemala.
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