El 5 de abril de 2017, Comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa en San Marcos, iniciaron un proceso de negociación con el Estado de guatemala, reclamando los daños producidos por la mina marlin debido a la suspensión definitiva de las operaciones mineras.
En su legítimo derecho de propiedad ancestral las Comunidades ingresaron a la mina marlin, ubicándose en la pista de aterrizaje donde tomaron en custodia una avioneta.
Durante 24 horas de 51 días soportaron la lluvia y lodo del invierno, el frío de la noche, hambre, sin siembra ni cosechas. Se entregó la avioneta al llegar al acuerdo con la minera que el gerente se sentaría personalmente en las negociaciones.
Las Comunidades saben que no lograrán mucho durante las negociaciones pero la conciencia de lucha por su territorio como la última región de refugio vital, les impulsa a exigir medidas urgentes por la gravedad de las casas rajadas donde viven, manantiales secos y contaminados, enfermedades ambientales, hundimientos de sus tierras, entre otros daños.
Así fue como el 25 de julio 2017, el gerente general de montana exploradora Alfredo Salvador Galvez Sinibaldi, presentó la querella en el juzgado de primera instancia penal de san marcos contra 2 comunitarias, 19 comunitarios y Carlos Loarca director de Plurijur, por los delitos de asociación ilícita y asociación ilegal de gente armada de la ley contra la delincuencia organizada, usurpación, usurpación agravada, secuestro, detenciones ilegales y robo agravado del código penal, solicitando las órdenes de aprehensión y en sentencia las penas máximas.
Continuamos en las negociaciones con la investigación penal suspendida, mientras el caso avanza en la CIDH hacia la Corte Interamericana.
