martes, 25 de abril de 2017

Rosalinda y Alfredo en libertad

El 21 de abril de este año, la jueza de primera instancia penal de San Marcos Blanca Elizabeth González Gálvez, dictó la libertad de la defensora de los derechos humanos Rosalinda Pérez Ambrocio y su esposo defensor de los derechos humanos Alfredo Jacinto Pérez, miembros del Consejo Maya Sipakapense, detenidos por el delito de Atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública que la misma Fiscalía cambio por usurpación de aguas, resolviendo la jueza que el problema debe ser resuelto a través de las autoridades comunitarias.


El 20 de abril, presentamos una exhibición personal a favor de ambos. El mismo día cuando se ejecutó la exhibición, la señora Rosalinda informó al Juez de Paz de Xela, que no cometió ningún delito, que pasó toda la noche con los grilletes en la PNC de Sipacapa, dichos policías durante su traslado a San Marcos la amenaban con hacer estallar bombas para hacerlos pedazos, sintiéndose muy mal física y psicológicamente, hasta hoy. Sin embargo, ni el juez de Sipacapa, ni el juez de Xela, ni la jueza de San Marcos certificaron lo conducente al Ministerio Público para la investigación competente como lo solicitamos.
Las incoherencias sistemáticas que produce el racismo y la impunidad quedan demostradas en el actual caso, puesto que la jueza de primera instancia penal de san marcos dictó las órdenes de captura para el solo hecho de tomar la primera declaración lo cual es un mecanismo puramente represivo que busca provocar dolor hacia la defensora y defensor de los derechos humanos y su familia. En la orden de detención ordena a la PNC de Sipacapa que se auxilie del Ejército de Guatemala. Luego que son detenidos, engrietados, expuestos a la opinión pública y encarcelados como criminales, son depositados como cosas en la prisión donde les extorsionan con Q.5,000.00 cada uno para no hacerles daño, extorsión que parece venir del personal de la Granja Penal Cantel en Xela, denunciado en la exhibición personal. Finalmente, la misma jueza de san marcos que dictó las órdenes de captura les deja en libertad por incongruencias en los hechos exigidos por la Fiscalía de San Marcos que buscaba mantenerles presos como pena anticipada, como una medida para garantizar el aumento de las dosis de dolor diarias en la jaula para humanos, y así, no vuelvan a desafiar al sistema penal en la defensa del derecho humano comunitario al agua. Por supuesto, el auxilio del equipo legal conjunto entre Plurijur y U’x ux Be’ permitió que la jueza diera marcha atrás y llamara la atención a la Fiscalía, sin ese auxilio legal seguramente la jueza les habría dictado la prisión preventiva.
El conflicto lleva el tiempo de explotación de las propiedades comunitarias y bienes comunes en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa por la mina Marlin propiedad de la empresa minera Montana Exploradora de Guatemala autorizada por el Estado de Guatemala. La exorbitante extracción de agua subterránea para el proceso industrial de lixiviación ha disminuido los caudales que proveen de agua a los ríos, manantiales y pozos comunitarios de agua, lo cual aumentó la competencia por el agua entre las familias y comunidades. En el presente caso, los comunitarios denunciantes han sido trabajadores de la empresa minera, y corrompidos financieramente como grupo de choque en contra de quienes se oponen a la explotación, adiestrados ideológicamente para enfrentarse a su propia comunitadad, incluso fueron sustituidos por su propia comunidad El Salitre nombrando a otras autoridades comunitarias, pero por el apoyo de la empresa minera y el sistema de (in) justicia ladina continúan empoderándolos con la impunidad que el auxilio del abogado de la empresa minera aporta y los recursos económicos empresariales como soborno para su actitud contrainsurgente, de baja intensidad mientras la empresa culmina la explotación que las propias comunidades cercaron hasta cerrar la mina. Mientras tanto la defensa de los derechos humanos continuará siendo la enemiga del sistema político-jurídico penal.
La competencia por el agua podría resolverse preventivamente si el Gobierno cumpliera con las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- el 20 de mayo de 2010 a favor de 18 comunidades de ambos municipios, pero ni el Gobierno, ni jueces ni fiscales están dispuestos hacerlo a pesar que comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala.
El pasado 5 de abril, iniciamos una mesa de diálogo con el Gobierno a través de la Gobernación de San Marcos y otras instituciones del Estado, donde las comunidades presentaron expedientes con identificaciones personales, ubicaciones, fotos de casas rajadas, y manantiales secos, para que se proceda a la reparación de los daños solicitando que la empresa se vaya para siempre. Mientras tanto Plurijur en representación legal de las comunidades en dicha mesa de diálogo continúa analizando las acciones legales correspondientes. 
Hemos dado un paso importante contra la impune criminalización impulsada por el Gobierno, Ministerio Público y Organismo Judicial en un nuevo contexto a partir de la suspensión de las operaciones mineras a finales del próximo mes de la mina Marlin, y la mesa de diálogo que hemos iniciado con la gobernación de San Marcos. Aún hay mucho camino por recorrer. Salúd!!! La lucha sigue.