martes, 27 de octubre de 2015

Autoridad comunitaria de San Miguel Ixtahuacán denuncia penalmente al Presidente de la Copredeh y al Director Ejecutivo de Goldcorp Guatemala














En la sede del juzgado de paz comunitario del municipio de San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos, el viernes 16 de octubre de este año, fue interpuesta una DENUNCIAPENAL por el Presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- de la Comunidad Agel del municipio de San Miguel Ixtahuacán beneficiaria de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- el 20 de mayo de 2010. 


La autoridad comunitaria en representación de su Comunidad, denunció al abogado Antonio Fernando Arenales Forno como Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos –Copredeh-, a Mario Rodolfo Marroquín Rivera en calidad de Director Ejecutivo de Goldcorp Guatemala, y al señor José Ceferino Mejía actual Alcalde Municipal de San Miguel Ixtahuacán.  Arenales Forno fue nombrado por el ahora presidiario Otto Pérez Molina ex presidente de Guatemala. Mario Marroquín trabajó en el Banco Mundial, representante del empresariado guatemalteco.

La denuncia es por falsificación de firma y sello de la autoridad comunitaria en el ACTA de la sesión del 16 dejunio de este año en la “MESA DE DIALOGO” que llevan a cabo el gobierno de Guatemala y la empresa canadiense Goldcorp Guatemala para falsificar un ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA que les permita exigir a la CIDH el archivo del Caso contra el Estado de Guatemala por la explotación inconsulta y contaminante de la mina Marlin, que ya cuenta con INFORME DE ADMISIBILIDAD, encontrándose en la ETAPA DE FONDO en la CIDH en dirección a la Corte Interamericana donde el Estado será condenado.

Con esta denuncia autoridades comunales demuestran que la “mesa de diálogo” es una farsa entre la empresa canadiense Goldcorp Guatemala y el Gobierno de Guatemala.

Otra situación de gravedad es que el Procurador de los Derechos Humanos se ha prestado a legitimar esta farsa de “MESA DE DIALOGO”.  Según el Acta en referencia del 16 de junio, consta en el punto “NOVENO: OBSERVADOR, VEEDOR DEL PROCESO DE INFORMACION, DIALOGO Y CONSULTA CON LAS COMUNIDADES”, la participación de la señora Nancy Evanury Galindo Gramajo como Auxiliar Departamental del Procurador de los Derechos Humanos –PDH- del Departamento de San Marcos, asegurando que es una observadora imparcial y técnica “del proceso de información, diálogo y consulta con las comunidades”.

Pero al Procurador de los Derechos Humanos –PDH- no le basta prestarse a esa farsa a través de su auxiliar departamental de San Marcos.  Resulta que el 28 de julio de este año, un mes después del Acta del 16 de junio en cuestión, el Procurador a través de Claudia López David Procuradora Adjunta I del Procurador de los Derechos Humanos, adopta de oficio cinco años después, una RESOLUCION donde resuelve el expediente abierto en junio de 2010 por el incumplimiento de las medidas cautelares contra la mina Marlin adoptadas por la CIDH el 20 de mayo de 2010.  Casualmente, ahora resolvió recomendar al Ministerio de Energía y Minas que, informe a las comunidades afectadas por la explotación minera abriendo espacios de diálogo entre las autoridades y la empresa.

Todos estos hechos serán informados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, demostrando que no existen condiciones para un procedimiento de solución amistosa, y que lo único que podría resolver el grave conflicto es una sentencia de la Corte Interamericana.